Desde la promulgación del nuevo Código Penal, el pasado domingo, políticos, incluyendo al presidente Luis Abinader, y juristas han calificado la normativa como “buena”. El alegato para la aprobación, a pesar de las quejas por no incluir las causales del aborto, era la necesidad de actualizar la ley existente.
Dentro de estas actualizaciones los congresistas incluyeron nuevas tipificaciones de delitos como el feminicidio, las carreras ilegales de motocicletas, el sicariato, la perturbación telefónica, ciberbullying, la publicación de imágenes alteradas con fines de chantaje, la estafa piramidal, entre otros.
Además, la ley que entrará en vigencia el próximo año, contiene medidas como sanciones para el uso excesivo de la fuerza policial, permite las grabaciones a policías, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción administrativa, la acumulación de penas, el aumento de cárcel a 40 años y a 60 años en caso de concurso de infracciones graves.
De acuerdo al artículo 230 del Código Penal, se nombra como“robo famélico”, a la sustracción de productos de primera necesidad, sean estos comestibles o de salud, que se comete sin emplear violencia física y para satisfacer necesidades del imputado o de sus familiares, y que no sea de modo habitual.
“El robo famélico será sancionado con trabajo de interés comunitario no remunerado”, establece la Ley 74-25. Entre otra nueva tipificación está el “ciberbullying”.
Para que esto sea definido como un delito la persona debe compartir a través de cualquier medio o plataforma digital, información personal, fotos, videos o cualquier otro tipo de material íntimo o humillante, o envíe mensajes, correos electrónicos, comentarios o cualquier otra comunicación en plataforma digital o electrónica con contenido amenazante, obsceno, insultante o intimidatorio.
Este delito será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público, según el artículo 123.
En ese orden, el Código, en su artículo 192, castiga con seis a un año de prisión a quien publique o difunda por cualquier medio, audios, imágenes o videos de otra persona sin su consentimiento.
Esta pena aumentará a dos o cinco años de prisión cuando la difusión se realice con alteraciones por medio de montajes o por cualquier otra forma sin el consentimiento de la persona.
