A las nueve de la mañana de este martes en el Palacio Nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) empezará con las vistas públicas de los 84 profesionales del derecho que aspiran a ocupar una de las cinco vacantes disponibles en laSuprema Corte de Justicia, cinco puestos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y otros cinco miembros sustitutos del mismo tribunal.
Las vistas públicas es el último paso de un proceso que ha colocado a los integrantes del CNM bajo la lupa del escaparate público desde el momento en que decidieron no ratificar a ninguno de los tres jueces de la Suprema que buscaban mantenerse en sus respectivas posiciones a través de su evaluación de desempeño.
Luego de sus respectivas entrevistas ante el consejo, los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Moisés Ferrer Landrón y Manuel Read Ortiz no fueron ratificados en sus puestos mientras que los argumentos utilizados por el CNM para tomar esa decisión no fueron reveladas hasta un mes después de que se efectuó el anuncio de su no renovación.
La tardanza, sumada a los argumentos plasmados en el actaCNM 010-25, causó que múltiples entidades y profesionales señalaran la capacidad de los consejeros para determinar o no la permanencia de los jueces, además de cuestionar la transparencia del procedimiento utilizado.
Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se puso en duda la “objetividad” con el que se llevó a cabo el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte; la entidad señaló que luego de dar lectura de las actas publicadas por el CNM sobre el pasado proceso de evaluación, detectó una serie de preocupaciones que sugieren una aplicación no claramente definida de los criterios.
Finjus recordó que, si bien la Constitución otorga al CNM la atribución de evaluar a los jueces, este mandato debe ejercerse conforme a los principios de Estado social y democrático de derecho, la separación de poderes y las garantías de independencia judicial.
El acta CNM 010-25 indica que Pilar Jiménez no fue ratificada debido a que los consejeros que votaron en su contra consideraron “inoportuno” el criterio de posponer la aplicación de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, sin que el legislador hubiese diseñado un escenario de vacío legal para ello; el argumento para Ferrer Landrón fue que el rendimiento de este “no satisfacía” los aspectos técnicos en el artículo dos del reglamento 01-2025.
En ambos casos la votación estuvo empate (4-4), por lo que el voto calificado del presidente Luis Abinader fue lo que decidió en contra de la continuidad de ambos magistrados.
“Respecto a la votación de los magistrados Pilar Jiménez Ortiz / Manuel Ferrer Landrón se obtuvo la mayoría calificada de votos desfavorables, en virtud del artículo 12 de la Ley 132-11, modificada por la Ley 1-12 del Consejo Nacional de la Magistratura”, reseña el acta.
