Santo Domingo.– El consultor y especialista en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, Dary Terrero, advirtió que el Gobierno estaría incurriendo en una violación a esta normativa al pretender implementar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) mediante una alianza público-privada.
Terrero señaló que el artículo 268 de la Ley 63-17 establece el procedimiento específico para la implementación de la ITV, un mecanismo que busca mejorar el deteriorado parque vehicular dominicano y reducir la alta tasa de accidentes de tránsito.
«La Ley 63-17 establece que la Inspección Técnica Vehicular debe ser implementada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el cual tiene la atribución de autorizar a talleres especializados para realizar esta labor», explicó.
La Inspección Técnica Vehicular consiste en una evaluación mecánica de los vehículos que circulan en el país. En este contexto, Terrero recordó que la República Dominicana figura como uno de los países con mayor número de accidentes en la región, en gran parte debido al estado obsoleto del parque vehicular.
«Aunque estadísticamente hablando no figura entre los números, haciendo una auditoría visual podemos determinar que el parque vehicular de RD es obsoleto, e incluso los números de la Dirección General de Impuestos Internos plantean que hay un número considerable de vehículos que tienen más de 20 años y, en su mayoría, presentan desperfectos mecánicos. Esto es sin contar los vehículos de transporte público, de carga, las motocicletas, las cuales no están exentas», indicó.
El especialista subrayó que implementar la ITV mediante una alianza público-privada podría dejar sin efecto el proceso, debido a que esta modalidad podría ser objetada judicialmente por contravenir la ley vigente.
«Esto impediría que, de manera oportuna, se pudiera implementar una dinámica que es necesaria e impostergable, a partir de lo que representan los accidentes en la República Dominicana, en pérdidas de vida, económicas, por daño a la propiedad pública y privada, y por los lesionados y discapacitados que generan los accidentes en el país», enfatizó Terrero.
Finalmente, Terrero exhortó al Gobierno a actuar con responsabilidad y apego a la ley, advirtiendo sobre el riesgo de malgastar recursos públicos en una iniciativa que podría ser anulada por inconstitucional.
«Exhortamos al Gobierno a que reflexione en torno a las inversiones que está haciendo a través de esta modalidad, partiendo de que estos recursos se estarían tirando a la basura, ya que se debe hacer todo esto a través de un proceso transparente por el INTRANT», concluyó.
