El Tribunal Constitucional (TC) reprochó con firmeza la actuación de la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al revocar una sentencia de amparo que consideró jurídicamente deficiente.
En su fallo, contenido en el expediente TC-05-2022-0174, el TC determinó que la magistrada incurrió en dos faltas graves: no pronunciarse sobre todos los derechosalegados por el recurrente (falta de estatuir) y no ofrecer justificación razonada de su decisión (déficit de motivación).
El recurso fue interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien denunció que se le vulneraban derechoscomo el buen nombre, la integridad personal y la presunción de inocencia a través del uso de un «mote» en procedimientos judiciales.
Según el TC, la jueza Ramírez no examinó de forma individualizada cada uno de esos derechos ni explicó por qué, en su criterio, no resultaban afectados, limitándose a tratar el conjunto como una «estrategia procesal» y desestimando sin mayor desarrollo.
«La debida motivación de la sentencia constituye un derecho de cada individuo frente al juez», recordó el Tribunal, citando su propia jurisprudencia.
El fallo critica expresamente que no se valoraran de forma concreta los hechos ni se aplicara el derecho de forma razonada. Para el TC, esta omisión afecta la tutela judicialefectiva y la credibilidad de la justicia en un Estado democrático.
