La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) estimó que el paro de labores de jueces y funcionarios del Poder Judicial que ha afectado el servicio de justicia en todo el país refleja las distorsiones e incoordinaciones que prevalecen en el sistema de justicia de la República Dominicana.
“Desde hace años, los cambios trascendentales en el sistema de justicia nacional, que iniciaron con la reforma de la Constitución de 1994, la conformación del Consejo de la Magistratura y el establecimiento de la Ley de Carrera judicial, han quedado limitados para alcanzar resultados óptimos, por las disparidades que prevalecen en la asignación de los recursos del Presupuesto Nacional desde entonces”, indicó la entidad en una declaración firmada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Sostuvo que en agosto del 2004, el Congreso Nacional dictó la Ley 194-04, que estableció los porcentajes del Presupuesto que deben recibir el Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados), Poder Judicial y Cámara de Cuentas, y que según lo aprobado al Poder Judicial le corresponde el 2.66% de los ingresos públicos.
“Sin embargo, este mandato legal no se ha observado plenamente, lo que ha implicado una disminución notable de los recursos que debió recibir. Para citar un ejemplo, en 2025, el Poder Judicial percibió un monto de RD$ 12, 922 millones, que es apenas el 0.96% del monto que obliga la ley. Esta situación es la causa inmediata de que múltiples aspectos de la vida institucional del Poder Judicial no alcancen los objetivos que se proyectan en planes de largo, mediano o corto plazo”, explicó.
Los reclamos son justos
Castaños Guzmán dijo que los reclamos de los jueces y servidores judiciales son justos y deberían ser atendidos de manera urgente, ya que las instituciones requieren de políticas claras y justas de remuneración y atención de sus miembros. Las condiciones inadecuadas del servicio, la falta de equipamiento y tecnología, las debilidades en la innovación conducen inevitablemente al fracaso.
“Deseamos resaltar al mismo tiempo la importancia de que las tareas y responsabilidades del Poder Judicial continúen alcanzando los niveles adecuados para garantizar valores y derechos fundamentales propios de nuestro régimen democrático. Es necesario que cuente con mayores recursos y capacidades para que se consoliden y amplíen los avances notables obtenidos en áreas como la reducción significativa de la mora, la digitalización de procesos y trámites, mayor acceso a la información sobre las decisiones judiciales, entre otros”, dijo Castaños Guzmán
Consideró que es imperativo que los diferentes sectores del Poder Judicial inicien un proceso de diálogo, análisis y definición de prioridades como base para presentar al Poder Ejecutivo una readecuación presupuestaria, con metas bien definidas y que sean eficaces en la resolución de los problemas de la vida institucional. «Es urgente que, con un ánimo de colaboración, ecuanimidad y apertura, el Consejo del Poder Judicial alcance los consensos necesarios con jueces, servidores y demás sectores judiciales, para armar a corto plazo una propuesta razonable que mejore la gestión humana y organizacional», propuso.
«El resultado esperado es producir los instrumentos y propuestas que permitan superar las limitaciones actuales. El país no puede comprometer su desarrollo económico y social dejando de lado las necesidades del sistema de justicia, que es vital para garantizar la seguridad jurídica, el clima de libertades y un ambiente de confianza y convivencia pacífica como marco para la superación de todos nuestros males actuales y retos del porvenir», precisó.
