martes, junio 30, 2026
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José Dantés califica como persecución política la apelación del Estado contra Gonzalo Castillo

El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, rechazó la apelación presentada por el Estado dominicano contra el auto de no ha lugar que favoreció al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y denunció que el proceso constituye un caso de lawfare», al considerar que se utiliza la justicia con fines políticos.

A través de una publicación en la red social X, Dantés aseguró que ha sido crítico de esta práctica desde que comenzó en el país y advirtió sobre las consecuencias de convertir los procesos penales en herramientas de persecución política.

«Fui crítico del lawfare dominicano desde que comenzó, hace ya años. Cuando la justicia se instrumentaliza para destruir adversarios políticos, deja de ser justicia», escribió.

El dirigente peledeísta afirmó que utilizar el sistema judicial para perseguir adversarios degrada el Estado de derecho y pone en riesgo las libertades ciudadanas.

 «Convertir el proceso penal en un instrumento de persecución degrada la justicia, erosiona las libertades y deja a todos los ciudadanos a merced del poder de turno. Esto es lawfare», expresó.

Dantés señaló que, en su condición de secretario jurídico del PLD, mantiene una posición firme en defensa de la independencia judicial, el debido proceso y el respeto al Estado de derecho.

«Comparto esta reflexión reafirmando una posición que he sostenido de manera consistente: la defensa de la independencia judicial, el debido proceso y el Estado de Derecho. No al lawfare», manifestó.

Sus declaraciones se producen luego de que el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) presentara un recurso de apelación parcial contra la resolución emitida el pasado 29 de mayo por la jueza Altagracia Ramírez, que dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y otros imputados en el Caso Calamar.

La apelación busca que la Cámara Penal de la Corte de Apelación revoque esa decisión, ordene la apertura de un juicio de fondo y mantenga las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales impuestas durante el proceso.

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