Por : Yulibelys Wandelpool
En las dos últimas décadas, la administración pública dominicana ha experimentado una transformación importante en materia de control, fiscalización y transparencia. Ese avance es positivo y necesario. Sin embargo, junto con ese fortalecimiento institucional, también ha comenzado a surgir un fenómeno menos visible, pero cada vez más evidente: la administración pública defensiva.
Se trata de una cultura institucional donde muchos funcionarios prefieren no decidir, retrasar respuestas, trasladar responsabilidades o sobredocumentar cada actuación por temor a las consecuencias administrativas, disciplinarias, penales o mediáticas que pueda generar una decisión pública.
El problema es serio, porque un Estado que le teme excesivamente a decidir termina debilitando su capacidad de resolver.
La buena administración pública requiere controles, pero también necesita funcionarios capaces de actuar con criterio técnico, seguridad jurídica y razonabilidad. Cuando el sistema convierte toda decisión en un potencial riesgo personal, la consecuencia natural es la paralización administrativa.
En la práctica, esto se traduce en expedientes que duran meses sin respuesta, procesos detenidos por consultas innecesarias, instituciones que evitan pronunciarse sobre asuntos sensibles y servidores públicos que prefieren “no mover nada” antes que asumir el costo de firmar.
Muchas veces no se trata de corrupción ni de incapacidad técnica. Se trata de miedo.
Miedo a una investigación descontextualizada.
Miedo a una sanción desproporcionada.
Miedo a la presión de las redes sociales.
Miedo a titulares construidos antes de conocer el expediente completo.
El resultado es una administración pública más lenta, más burocrática y menos efectiva.
La Constitución y la Ley núm. 107-13 reconocen el derecho de las personas a una buena administración, lo que implica respuestas oportunas, actuaciones razonables y decisiones motivadas. El silencio administrativo, la inercia institucional y la evasión de responsabilidades también pueden convertirse en formas de mala administración pública.
Combatir la corrupción sigue siendo una obligación irrenunciable del Estado. Pero combatirla no puede significar construir un modelo donde el funcionario honesto también sienta que decidir es demasiado peligroso.
La transparencia no debe producir parálisis. Debe producir confianza institucional. Por eso, además de fortalecer los mecanismos de control, el país necesita fortalecer la capacitación técnica, la claridad normativa y las garantías de actuación legítima para quienes ejercen funciones públicas conforme a la ley.
Un sistema de control eficiente no es el que impide decidir, sino el que permite decidir correctamente y con responsabilidad.
Un servidor público que actúa correctamente no debería sentirse abandonado frente a la presión política, mediática o social derivada de una decisión administrativa razonable.
El desafío está en encontrar equilibrio. Un Estado sin controles genera arbitrariedad, pero un Estado donde nadie quiere decidir también termina afectando el interés público.
La administración pública no puede funcionar únicamente desde el temor. Gobernar, administrar y ejecutar políticas públicas exige capacidad de decisión. Y decidir, en democracia, siempre implicará asumir responsabilidades.
El reto institucional no es construir funcionarios paralizados por miedo, sino servidores públicos capaces de actuar con transparencia, criterio técnico y seguridad jurídica.
