El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra José Luis Rodríguez Fabián, señalado como principal sospechoso de la muerte de su expareja, Loyca Alvarado Adames, cuyo cuerpo fue localizado sin vida el pasado 28 de septiembre en las inmediaciones de Bajos de Haina, San Cristóbal.
De acuerdo con la investigación, Alvarado Adames había sido reportada como desaparecida luego de salir momentáneamente de un salón de belleza ubicado en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, el pasado 27 de septiembre.
El Ministerio Público establece que, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, la víctima recibió una llamada telefónica mientras se encontraba junto a una hermana en el salón. Luego salió del establecimiento indicando que regresaría en breve, dejando allí sus pertenencias personales.
Horas después, al no poder comunicarse con ella, sus familiares acudieron a las autoridades para solicitar su localización. Miembros del Departamento de Desaparecidos de la Dicrim iniciaron las labores de búsqueda y revisaron las cámaras de seguridad de la zona.
Las imágenes permitieron observar a la víctima abordando una yipeta negra. Posteriormente, los investigadores establecieron la ruta del vehículo, que llegó hasta las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones en Bajos de Haina, donde permaneció durante un período antes de salir. En esa zona fue localizado el cuerpo sin vida de la mujer.
Rodríguez Fabián fue arrestado el 29 de septiembre de 2026 mediante una orden judicial. Ese mismo día, las autoridades realizaron un allanamiento en un negocio ubicado en el Ensanche La Paz, Distrito Nacional.
Durante el procedimiento fue ocupado un revólver calibre .38, además de un casquillo y dos cápsulas del mismo calibre. Según el Ministerio Público, el arma presentó coincidencia balística con el proyectil recolectado en la yipeta vinculada a la investigación.
La acusación contempla los artículos 93 y 94 del nuevo Código Penal Dominicano (Ley No. 74-25), así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La solicitud de medida de coerción está sustentada en distintas evidencias, entre ellas un informe psicológico forense que, según el Ministerio Público, documenta la afectación emocional que presentaba la víctima y el riesgo al que estaba expuesta.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este jueves 1 de octubre de 2026 la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.
