El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que la reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor de los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta constituye una confirmación de lo que la organización política sostuvo durante años: que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamentos suficientes para sostener un juicio de fondo.
La posición de la organización fue leída por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, durante la acostumbrada rueda de prensa de los lunes, acompañado por los vicepresidentes Temístocles Montás, Yván Lorenzo y Zoraima Cuello, así como por miembros del Comité Político, entre ellos José Dantés, Alejandrina Germán, Richard Medina, Margarita Pimentel y la miembro del Comité Central Yulibelys Wandelpool.
“La reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial de todo Estado de derecho: una acusación no equivale a una condena”, expresó Pujols al dar lectura al documento oficial de la organización.
El dirigente político sostuvo que la decisión judicial representa además una reivindicación moral para quienes, según afirmó, enfrentaron durante años medidas restrictivas, prisión preventiva, campañas de descrédito público, afectaciones económicas y daños a su salud y entorno familiar.
“Ninguna decisión judicial puede devolver completamente el tiempo perdido, el daño reputacional sufrido o las consecuencias emocionales que estos procesos produjeron en ellos y en sus seres queridos”, manifestó.
Durante su intervención, el PLD extendió esa reflexión a todos los dirigentes y militantes que han sido descargados por los tribunales tras enfrentar largos procesos judiciales y una amplia exposición pública.
Cuestionan utilización política de la justicia
La organización opositora afirmó que las recientes decisiones judiciales obligan a una reflexión nacional sobre los riesgos que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia.
“Cuando ciudadanos son presentados ante la opinión pública como culpables antes de que exista una sentencia definitiva; cuando las acusaciones ocupan grandes titulares y posteriormente no logran sostenerse plenamente ante los tribunales, resulta legítimo que la sociedad se pregunte si se está actuando exclusivamente en defensa de la justicia o si han intervenido motivaciones ajenas a la búsqueda imparcial de la verdad”, indicó el documento.
Asimismo, el PLD reiteró que la presunción de inocencia constituye una garantía constitucional que debe proteger a todos los ciudadanos sin importar su afiliación política o posición social.
“La presunción de inocencia no constituye un privilegio; es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos”, enfatizó Pujols.
“Nunca hubo casos”
En uno de los momentos más contundentes del pronunciamiento, la dirección peledeísta aseguró que las investigaciones desarrolladas contra varios de sus dirigentes respondieron a una estrategia política orientada a desacreditar a la organización.
“Lo que ha comenzado a quedar claro es que nunca debió construirse una narrativa de culpabilidad colectiva antes de que hablaran los tribunales. Nunca hubo casos. No se trata de culpables o inocentes, se acusó a quienes se podía instrumentalizar para destruir al PLD”, afirmó.
La organización también expresó preocupación por lo que calificó como una tendencia a convertir los procesos judiciales en espectáculos mediáticos.
“La justicia debe administrarse en los tribunales, mediante el examen objetivo de las pruebas y el respeto irrestricto al debido proceso”, sostuvo.
Proponen compromiso nacional
El PLD llamó a la sociedad dominicana a impulsar una reflexión nacional para evitar que la justicia sea utilizada con fines políticos y propuso asumir el compromiso de que nunca más se utilicen mecanismos judiciales o administrativos para afectar derechos, reputaciones o carreras políticas al margen del debido proceso.
Entre los puntos planteados figuran evitar que las conferencias de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales, impedir la filtración selectiva de expedientes, garantizar que la prisión preventiva sea una medida excepcional y evitar la prolongación innecesaria de los procesos judiciales.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional, la independencia del Poder Judicial y el combate a la corrupción dentro del marco constitucional.
“La República Dominicana necesita una justicia independiente, imparcial y respetuosa de las garantías constitucionales; una justicia capaz de sancionar a los culpables, pero también de proteger a los inocentes; una justicia al servicio de la verdad, de la democracia y de todos los dominicanos”, concluyó Johnny Pujols.
