El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó un balance crítico de los seis años de gestión del presidente Luis Abinader y sostuvo que persisten desafíos en áreas como el costo de la vida, seguridad ciudadana, corrupción, electricidad, educación, infraestructura y endeudamiento público. La organización opositora tomó como referencia varias de las promesas realizadas durante la campaña electoral de 2020 para contrastarlas con lo que considera resultados alcanzados hasta 2026.
Entre los principales cuestionamientos figura el comportamiento de los precios de los alimentos. Según las cifras expuestas por el PLD, entre diciembre de 2020 y mediados de 2026 el arroz habría aumentado 116 %, las habichuelas 69 %, el aceite de soya 200 %, el pollo más de 99 %, la carne de res más de 132 % y la de cerdo más de 94 %. El partido señaló que estos incrementos llevaron la canasta básica de RD$36,936.17 a RD$49,613.15 durante ese período.
La organización también cuestionó los costos asociados al regreso a clases y afirmó que los artículos incluidos en las listas escolares acumulan una inflación cercana al 32 % respecto a 2020. El planteamiento forma parte de la evaluación que el partido realiza sobre una de las promesas de campaña del actual Gobierno: reducir en un 30 % el precio de los alimentos durante los primeros 100 días de gestión.
En materia de seguridad ciudadana, el PLD sostuvo que los resultados no se corresponden con el compromiso asumido en 2020 de reducir en un 50 % los niveles de delincuencia en dos años. La organización también citó investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico, entre ellas procesos vinculados al Intrant, la Operación Falcón y recientes actuaciones en el Puerto Multimodal Caucedo.
Sobre la promesa de establecer una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción, el partido hizo referencia al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa). No obstante, señaló que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades de las personas involucradas en cualquier proceso judicial.
Otro de los puntos señalados fue el endeudamiento público. El dirigente peledeísta Richard Medina afirmó que, a mayo de 2026, la deuda habría aumentado en aproximadamente US$28,800 millones respecto a agosto de 2020. El PLD cuestionó que este nivel de endeudamiento no se refleje, a su juicio, en una cantidad y magnitud de obras públicas equivalente.
Como parte de su comparación, la organización opositora destacó proyectos ejecutados durante los gobiernos del PLD, particularmente durante la administración de Danilo Medina, entre ellos la construcción de aulas y hospitales, proyectos viales y obras vinculadas al transporte.
El sector eléctrico también formó parte del balance. El PLD afirmó que el país vuelve a registrar interrupciones frecuentes del servicio y cuestionó tanto el nivel de pérdidas del sistema como los recursos destinados al subsidio eléctrico.
En educación, la organización denunció dificultades en distintos centros escolares de cara al inicio del año lectivo 2026-2027 y cuestionó el ritmo de construcción y terminación de aulas. Al mismo tiempo, defendió programas implementados durante sus administraciones, como la jornada escolar extendida, el desayuno y almuerzo escolar y los incrementos salariales dirigidos al personal docente.
El PLD también planteó cuestionamientos sobre la administración pública y aseguró que existe un debilitamiento de la Carrera Administrativa, que atribuyó a una reducción de los concursos y a un aumento de designaciones discrecionales. Según el partido, esto habría provocado el desplazamiento de personal técnico y un incremento de la nómina estatal.
Al presentar su evaluación general, el PLD sostuvo que los niveles de precios, las interrupciones del servicio eléctrico, los desafíos educativos, el endeudamiento y los señalamientos relacionados con posibles actos de corrupción evidencian, desde su perspectiva, una brecha entre las promesas formuladas en 2020 y los resultados obtenidos durante los seis años de gestión de Abinader.
La organización opositora adelantó que continuará presentando su evaluación ante la sociedad y planteó como alternativa una nueva etapa basada en crecimiento económico con inclusión, fortalecimiento institucional, seguridad, transparencia, productividad y bienestar social.



