Santo Domingo, 1 de junio de 2026.- Un análisis publicado en el periódico El Caribe advierte sobre los desafíos y riesgos asociados al proceso de digitalización del sistema judicial en la República Dominicana, señalando que, lejos de fortalecer el acceso a la justicia, podría estar generando una estructura más opaca y centralizada.
El artículo, titulado “Una justicia sin rostro” y firmado por la jurista Laura María Hernández Román, examina la implementación de la Ley núm. 339-22, normativa que regula el uso de medios digitales en el sistema judicial dominicano. Aunque la ley establece que la tecnología debe garantizar celeridad, eficiencia y acceso efectivo a la justicia, la autora sostiene que en la práctica estos principios no se están cumpliendo plenamente.
Según el análisis, las plataformas digitales utilizadas en los tribunales presentan fallas técnicas, reglas poco claras y limitaciones que afectan la interacción directa entre ciudadanos y el sistema judicial. Esta situación, afirma, transforma al usuario —ya sea abogado o ciudadano— en un simple administrado que depende de decisiones automatizadas y centralizadas.
Asimismo, se cuestiona la supuesta “opcionalidad” del uso de herramientas digitales, señalando que, en la práctica, la modalidad virtual se ha convertido en obligatoria en muchos casos, sin garantizar alternativas presenciales efectivas. Esto, a juicio de la autora, traslada al usuario los costos de la transición tecnológica.
El artículo también advierte sobre la concentración de control en el ecosistema digital judicial, particularmente en manos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo que podría afectar principios fundamentales como la transparencia y la publicidad de los procesos.
En cuanto a la eficiencia prometida, se indica que la digitalización no ha reducido los tiempos de respuesta como se esperaba. Por el contrario, se reportan retrasos en audiencias, fallos y notificaciones, lo que pone en duda la efectividad real del sistema.
Como parte de sus propuestas, la autora plantea la necesidad de una reglamentación participativa, auditorías externas al sistema digital judicial, garantías reales de acceso opcional a los servicios y la adopción de estándares centrados en el usuario.
Finalmente, el texto concluye que la digitalización, mal gestionada, puede alejar al ciudadano del sistema de justicia, debilitando principios esenciales como la inmediación procesal y el acceso equitativo. “Una justicia sin rostro no es más eficiente; es simplemente menos justicia”, advierte.
Fuente: Publicado en el periódico El Caribe
Autora: Laura María Hernández Román
