Por: Lic. Ruddy Pérez
En momentos en que las decisiones públicas tienen un impacto cada vez más directo en la economía y el bienestar de la población, resulta necesario reflexionar sobre el papel que desempeñan quienes han sido elegidos para representar la voluntad popular en el Congreso Nacional.
La reciente aprobación de una nueva reforma fiscal ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que la sociedad dominicana no puede seguir ignorando: la calidad de la representación legislativa y la capacidad de quienes tienen la responsabilidad de aprobar las leyes que impactan directamente la vida de los ciudadanos.
El pueblo dominicano eligió democráticamente a sus senadores y diputados para que estudien, analicen y defiendan los intereses de la nación. Sin embargo, cada vez son más las voces que cuestionan si todos nuestros legisladores poseen el conocimiento, la preparación y el compromiso necesarios para comprender a profundidad los proyectos que llegan al Congreso Nacional.
La preocupación no se limita únicamente a la reforma fiscal. Se extiende a múltiples iniciativas legislativas que, en muchos casos, son aprobadas sin que exista un debate amplio y profundo que permita a la ciudadanía conocer los argumentos que sustentan cada voto. La percepción de gran parte de la población es que algunos legisladores simplemente levantan la mano para aprobar o rechazar propuestas sin haber realizado el análisis técnico correspondiente.
La provincia La Altagracia no escapa a esta realidad. Son muchos los ciudadanos que se preguntan si sus representantes conocen verdaderamente el alcance de las leyes que aprueban y si están en capacidad de explicar, con argumentos sólidos, las razones de sus decisiones legislativas. Un ejercicio sencillo sería entrevistar a cualquier legislador y preguntarle sobre los detalles, beneficios, consecuencias y objetivos de los proyectos que ha respaldado con su voto.
La función legislativa no puede reducirse a una formalidad. Requiere estudio, preparación, análisis y responsabilidad. Cada ley aprobada tiene efectos económicos, sociales e institucionales que repercuten directamente sobre millones de dominicanos.
Por ello, resulta fundamental que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con criterio, evaluando no solo la popularidad de los candidatos, sino también su capacidad, preparación, trayectoria y compromiso con el interés colectivo. La democracia necesita representantes que comprendan los temas que discuten y que estén en condiciones de defender con conocimiento las decisiones que toman en nombre del pueblo.
La República Dominicana merece un Congreso integrado por hombres y mujeres capaces de analizar, debatir y legislar con responsabilidad, porque las leyes no pueden seguir dependiendo de simples mayorías automáticas, sino de la calidad y el compromiso de quienes tienen la misión de construir el futuro del país.
Más allá de las diferencias políticas o partidarias, este debate debe servir como una invitación a fortalecer la cultura democrática, exigir mayor transparencia y promover una representación legislativa verdaderamente comprometida con los intereses de la ciudadanía. Solo así será posible construir instituciones más sólidas y una democracia que responda de manera efectiva a las necesidades del pueblo dominicano.
