La República Dominicana inicia este lunes 3 de agosto de 2026 una nueva etapa en su sistema de justicia con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, una reforma que sustituye oficialmente la legislación que regía desde 1884. La actualización, promulgada como Ley 74-25, pone fin a más de un siglo de vigencia del antiguo código y representa uno de los cambios legislativos más importantes en materia penal de las últimas décadas.
La aprobación de esta reforma fue el resultado de un proceso de casi 30 años de debates en el Congreso Nacional, marcado por múltiples intentos fallidos y amplias discusiones sobre diversos temas que retrasaron su aprobación definitiva. Finalmente, el nuevo texto incorpora figuras penales acordes con la realidad actual y amplía el catálogo de delitos contemplados por la legislación dominicana.
Uno de los principales avances está relacionado con los delitos tecnológicos, que por primera vez cuentan con sanciones específicas. El nuevo Código Penal tipifica el ciberacoso, estableciendo penas de dos a cinco años de prisión para quienes incurran en este tipo de conducta a través de plataformas digitales o redes sociales. La legislación aclara que estas disposiciones no limitan el ejercicio de la libertad de expresión ni el trabajo periodístico cuando se trate de opiniones o críticas sobre asuntos de interés público.
Asimismo, se incorpora el robo de identidad como una figura penal independiente para combatir el uso ilícito de datos personales. También se castiga la difusión de imágenes, videos o contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada, incluyendo aquellos materiales alterados o generados mediante herramientas digitales.
Pese a los cambios introducidos, varios de los temas que generaron mayor controversia durante la discusión legislativa quedaron fuera del texto final. Entre ellos figuran las tres causales relacionadas con el aborto, manteniéndose la legislación vigente sobre ese aspecto. Tampoco fueron incluidas disposiciones sobre la responsabilidad penal de iglesias y partidos políticos, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción administrativa ni normas específicas sobre los métodos correctivos de los padres hacia sus hijos.
Con la entrada en vigor de la Ley 74-25, el país actualiza su marco jurídico penal para responder a nuevas modalidades delictivas y a los desafíos de la sociedad contemporánea, dejando atrás un Código Penal que permaneció vigente durante 142 años.
