El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalados de presuntamente maltratar física y psicológicamente y someter a trabajos forzados a menores que permanecían en un establecimiento de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en Bajos de Haina, San Cristóbal.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal fijó para este jueves 3 de septiembre la audiencia en la que conocerá la solicitud de medida de coerción contra los dos imputados.
La petición fue depositada por las fiscales Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; Ramona Santana, fiscal titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la unidad especializada en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
Según el expediente, 13 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre cuatro meses y 13 años, fueron rescatados durante allanamientos simultáneos realizados entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto en los sectores La Pared y El Carril.
La Fiscalía sostiene que los menores presentaban indicios de maltrato físico y psicológico y que permanecían en una finca que operaba como fundación y espacio religioso, pese a no contar con autorización para funcionar como hogar de acogida.
La investigación comenzó después de que uno de los menores escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial para denunciar las condiciones en las que supuestamente se encontraba junto a otros niños.
Una evaluación médico-legal practicada al denunciante identificó múltiples lesiones en el rostro, las extremidades, el dorso y la espalda, así como quemaduras de segundo grado en ambas manos en proceso de cicatrización.
De acuerdo con la evaluación psicológica forense, el menor no asistía a la escuela, era obligado a trabajar con madera para la construcción de una vivienda y sufría castigos y agresiones de manera recurrente.
El órgano persecutor atribuye a Muñoz Rodríguez haber trasladado a varios menores desde el inmueble de la fundación hasta una vivienda en el sector Los Solares de El Carril, luego de enterarse del arresto de Capellán.
Durante los registros, las autoridades encontraron ropa, uniformes, mochilas, cuadernos, juguetes y otros objetos pertenecientes a menores de distintas edades. También ocuparon actas de nacimiento, documentos personales de terceros y armas blancas.
El Ministerio Público afirma que la fundación operaba sin la habilitación correspondiente y que la recepción de donaciones, fondos y otros recursos se realizaba fuera de los controles establecidos para las entidades dedicadas al cuidado de menores.
Los allanamientos fueron ejecutados por la Fiscalía de San Cristóbal y la procuraduría especializada en trata de personas, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional. En las labores de protección también participaron la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
